Certificado De Destino Urbano

El Certificado de Urbanismo, también conocido como CDU, es un documento emitido por las Oficinas Técnicas Municipales competentes para cada zona, que contiene generalmente las indicaciones urbanísticas relativas a las propiedades, en particular las relativas al suelo para el que se solicitó el certificado.

Las indicaciones urbanísticas recogidas en el certificado son extrapoladas del Plan de Urbanismo Municipal de la PUC, o del Plan General de Urbanismo PRG, y más precisamente de los mapas técnicos regionales.

El certificado de destino urbano reporta los datos catastrales relativos al terreno o áreas urbanas pertenecientes a los edificios, o hoja catastral y parcela, el destino urbano, por ejemplo si está ubicado en una zona residencial o agrícola, los parámetros urbanísticos como el índice de edificabilidad , el índice de inestabilidad de la pendiente y el índice de inundaciones. Por tanto, permite conocer las posibilidades de intervención constructiva en determinados terrenos o zonas urbanas.

En la venta forzosa de inmuebles en ejecución individual, la disciplina de la adquisición y alegación de la UCC se deriva de la provisión y evolución conjunta de los Artículos. 567 y 591 bis c.p.c., 173 bis y 173 quater disp. att. c.p.c .. Art. 30 No se aplica la Ley Consolidada de Edificaciones, excepto en la parte más pequeña en la que se refiere la normativa procesal. A esta conclusión se llega sobre la base de elementos literales y sistemáticos: la venta forzosa no es una «escritura entre seres vivos», no está «estipulada» y no puede incluir declaraciones del enajenador; la venta forzosa tiene una disciplina expresa que ha eliminado, entre otras cosas, el concepto de vigencia y actualización de las UCC; El régimen de nulidad de los actos procesales, de su detectabilidad, recurso y amnistía es diferente al de los actos contractuales y, en el caso de ejecución forzosa en particular, es el criterio para la consecución de la finalidad, a la luz de la función y estructura de la fase de ventas, para orientar al intérprete. De la lectura de las disposiciones vigentes surge la voluntad del legislador de establecer un mecanismo adecuado para poner tanto a la oficina como a los potenciales compradores en condiciones de conocer la situación y uso urbanístico del suelo (así como de las edificaciones) para evitar vender bienes no comerciables, por ser resultado de un fraccionamiento ilícito previo, o poner a la venta bienes calificados con destino y función diferente al actual en función de una venta competitiva, transparente y estable en cumplimiento de encomienda a terceros y en interés del trámite. La UCC a adjuntar al decreto sólo podrá ser entonces la ya adquirida en el procedimiento, que contenga el destino urbano ya señalado en el anuncio de venta y debidamente publicado junto con el informe pericial (en los casos en que se considere obligatorio para el terreno), adquisición y alegato que también cumplen con la necesidad de notificar a la Municipalidad de la enajenación en curso. Todo cumple con la regla de identidad de la descripción de la propiedad entre la orden de venta y el decreto de transferencia. Esta reconstrucción no impide que el delegado considere oportuno o necesario, tanto durante la compraventa como durante la redacción del decreto, adquirir una nueva cédula que verifique la pertinencia del estatuto urbanístico del inmueble (por ejemplo en el caso de una UCC o dudas sobre la actualidad del destino señalado en el mismo), pero haciéndose cargo -en caso de un cambio en los instrumentos de planificación y el destino del activo- de la eventualidad de que éste sea diferente al descrito en venta y que el proceso de venta puede considerarse defectuoso, si es necesario, poniéndose en contacto con GE con solicitud de conformidad con el art. 591 ter c.p.c.

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